La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en su resolución de fecha 15 de noviembre de 2023 se ha posicionado respecto al hecho de que la no asistencia de los administradores a la Junta General de Socios, como regla general, no puede considerarse relevante para impedir la validez de los acuerdos adoptados en ésta.
En este sentido, siendo, conforme el art. 180 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”) obligatoria la asistencia de los administradores a las juntas generales, la referida resolución, pone de manifiesto que, la no asistencia provocará la responsabilidad de los administradores (conforme el art. 236 de la LSC) por infracción del deber legal impuesto por la ley, pero, establece que tal y como subrayó la STS 255/2016 de 19 de abril, la ausencia de los administradores no puede ser considerada con carácter general como causa de suspensión o nulidad de la junta general.
No obstante lo anterior, dicha resolución establece que deberá ponderarse, según los casos, aquellos supuestos en que la ausencia de los administradores en la junta general podrá ser decisiva para la privación de alguno de los derechos de los socios que, precisamente, se ven satisfechos a través de la celebración de la junta lo que podría justificar la suspensión o incluso la nulidad de la junta que se hubiera celebrado en su ausencia.
Asimismo, dicha resolución establece que, no procede la impugnación por la infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley y que, serán las circunstancias concurrentes en el supuesto de hecho concreto las que han de permitir determinar si el derecho de información de los socios ha sido respetado en términos tales que sus derechos individuales hayan recibido el trato previsto en la ley.