Además de otras medidas, se considerarán delito fiscal las defraudaciones de más de 50.000, habiendo agravantes para más de 150.000 euros.
Así mismo se planea adoptar otras medidas menos llamativas pero probablemente más efectivas para combatir el fraude fiscal. Así, se permitirá que el Ministerio Fiscal andorrano (no solo los jueces…) pueda reclamar información a cualquier entidad financiera y, lo cual es aún más efectivo (si cabe) a cualquier asesor fiscal (persona física o sociedad) a pesar de que puedan estar sometidos al secreto profesional.
Por si lo anterior no bastase para convencernos de las intenciones de la administración andorrana en la lucha contra el blanqueo y el fraude fiscal, debemos destacar que se regulará la información a declarar en las transferencias bancarias, obligando a identificar a los destinatarios, se prohibirán los pagos y cobros en efectivo por más de 30.000 euros y los comerciantes deberán registrar todas las transacciones por más de 10.000 euros.
La reforma del Código Penal andorrano incluye otros tipos penales (blanqueo, insolvencia punible, la defraudación a la CASS, financiación ilegal de partidos o la malversación de caudal público).
Paralelamente se aprobará un plan de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y se transcribirá a la legislación andorrana la Cuarta Directiva de la UE en materia de lucha contra el blanqueo.