Ante la situación tan excepcional de fuerza mayor provocada por el COVID-19 muchos especialistas de arrendamientos nos planteamos qué debemos aconsejar a nuestros clientes ¿pagar la renta? ¿dejar de pagar la renta? ¿tendrá derecho el propietario al cobro íntegro o parcial de la renta?.
Pues ello dependerá de la literalidad del contrato de arrendamiento, del tipo de contrato de vivienda o uso distinto o si tiene actividad o no de establecimiento público o si dicha actividad se halla o no recogida en las prohibiciones impuestas por el Decreto 463/2020 de declaración del estado de alarma o normativa autonómica o local que en los últimos días han decretado restricciones al ejercicio del comercio.
A día de hoy se desconocen si el Gobierno dará ayudas al comercio o a los arrendatarios por dicha situación y que se presuponen irán dirigida en su mayoría a los arrendatarios.
Jurídicamente tampoco conocemos si el COVID-19 representará una situación de caso fortuito, fuerza mayor o podríamos aplicar la cláusula de creación jurisprudencial de modificación sustancial de circunstancias al objeto de conseguir una rebaja de la renta de alquiler cuya finalidad es equilibrar las prestaciones entre las partes y que fue aplicada con asiduidad por los Tribunales en la crisis inmobiliaria de 2008 para minimizar los perjuicios sufridos.
No hay una única solución, pero el acuerdo entre propietario y arrendatario parece ser por ahora la más factible, rebajando la renta de forma proporcional para llevar la carga entre ambas partes y que de judicializarse el asunto será quizás la solución a la que lleguen también los Tribunales, aunque no se descartan otras soluciones.
En PLANA ABOGADOS Y ECONOMISTAS estamos analizando la constante normativa que se va publicando estos días y seguirá publicándose para poder asesorarles con la mayor seguridad en defensa de sus intereses al objeto de que poder adoptar las soluciones más idóneas.